La detención del activista Luis “N”, ocurrida tras una manifestación contra el incremento a las tarifas del transporte público en Nuevo León, ha escalado a un proceso judicial formal. Luego de permanecer varios días bajo custodia y sin comunicación con sus familiares, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el ciudadano fue vinculado a proceso por diversos delitos relacionados con los hechos ocurridos durante la protesta del pasado sábado 20 de abril.
El activista, identificado como miembro del colectivo “Voz de los Usuarios”, enfrentará una investigación por al menos cinco delitos: desorden público, delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, daño en propiedad ajena, daño agravado y resistencia de particulares. Aunque no permanecerá en prisión preventiva, deberá cumplir con un arraigo domiciliario durante el proceso judicial, el cual incluye el uso de un brazalete electrónico para monitorear su ubicación.
El plazo determinado por la autoridad judicial para la conclusión de la investigación complementaria será de dos meses. Durante ese tiempo, Luis “N” permanecerá bajo supervisión, sin poder abandonar su domicilio sin autorización, mientras continúan las diligencias y recopilación de pruebas.
Protesta termina con represión violenta de Fuerza Civil
La manifestación que terminó con la detención de Luis “N” se realizó en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León. Convocada por diversas organizaciones ciudadanas, la protesta tenía como objetivo expresar el rechazo al aumento de tarifas del transporte público, mejor conocido como “tarifazo”, una decisión impopular que ha provocado múltiples expresiones de inconformidad.
Durante la movilización, un grupo de manifestantes intentó aproximarse al acceso principal del Palacio. En ese momento, se generó un forcejeo con elementos de Fuerza Civil y del Grupo Antimotines, lo que derivó en una confrontación. Según las autoridades, Luis “N” habría participado activamente en los hechos violentos, incluyendo la agresión a un agente de seguridad y daños a la fachada del inmueble oficial.
Sin embargo, versiones de testigos y colectivos de derechos humanos difieren. Denuncian que la actuación de la policía estatal fue desproporcionada, con uso excesivo de la fuerza y sin protocolos claros de contención. Varias grabaciones difundidas en redes sociales muestran empujones, detenciones forzadas y momentos de tensión entre uniformados y civiles. Para muchos, lo sucedido fue una muestra de represión hacia la protesta social.
Entre los reclamos también se señala que la detención fue arbitraria y que Luis “N” fue incomunicado durante al menos 48 horas. Su esposa, Kelly Torres, declaró públicamente que no tuvo información del paradero de su pareja durante dos días y que no se le permitió establecer contacto con su familia, lo cual contraviene los principios básicos de debido proceso y derechos humanos.
Ignoran amparo de activista y generan crisis legal
Uno de los elementos más controvertidos del caso es la supuesta existencia de un amparo judicial que habría sido promovido previamente por Luis “N”, con el fin de proteger su integridad física en caso de detención arbitraria. Según declaraciones de representantes del colectivo “Voz de los Usuarios” y de la familia del detenido, este recurso legal fue ignorado por las autoridades durante su captura y posterior traslado.
La presunta omisión del amparo ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones jurídicas y defensoras de derechos humanos, que señalan que no sólo se trata de una detención violenta, sino de una acción que rompe con las garantías constitucionales. Expertos consultados han advertido que, de comprobarse dicha violación, el caso podría escalar a instancias federales o incluso internacionales.
La Fiscalía, por su parte, no se ha pronunciado sobre la validez o vigencia del amparo al momento de la detención, lo que ha alimentado aún más la desconfianza sobre el actuar institucional. Colectivos han exigido transparencia total en el caso y han solicitado que se revisen los videos de vigilancia, los informes policiales y los testimonios de testigos presentes en la protesta.
Crece presión ciudadana por su liberación
La respuesta social no se hizo esperar. Al día siguiente de que se informara la vinculación a proceso, alrededor de 50 personas se manifestaron frente al Palacio de Justicia, ubicado en el norte de Monterrey. Integrantes de colectivos, familiares del detenido y ciudadanos solidarios realizaron un bloqueo temporal en los cruces de las avenidas Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez, exigiendo la liberación inmediata de Luis “N”.
Las pancartas, gritos y consignas estuvieron centradas en el rechazo a lo que califican como criminalización de la protesta. Entre los mensajes más visibles destacaban frases como “¡Libertad a Luis ya!” y “Protestar no es un delito”. La protesta fue pacífica y duró poco más de una hora, aunque se reportaron complicaciones viales en la zona.
Los colectivos reiteraron que no dejarán de manifestarse hasta que el activista sea liberado. También hicieron un llamado a organismos nacionales de derechos humanos y a la Comisión Nacional para Prevenir la Tortura para que intervengan y documenten posibles irregularidades cometidas por las autoridades durante la detención y proceso judicial.
En redes sociales, el caso ha sido ampliamente difundido bajo etiquetas y campañas que exigen justicia, y que además critican la gestión del Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García. Para muchas voces ciudadanas, la detención de Luis representa un intento por frenar el descontento popular y silenciar las voces críticas.
