La “Operación Acordeón” ha escalado a nivel nacional tras revelarse que el plan para influir en la elección del Poder Judicial Federal no sólo implicaría presiones a empleados estatales, sino también posibles delitos electorales federales. El caso involucra directamente al Gobierno de Samuel García y a Movimiento Ciudadano, partido con el que el mandatario mantiene vínculos estrechos, además de un posible beneficio para perfiles cercanos a Morena.
Las Denuncias Contra Samuel García
Hasta el momento, 28 denuncias penales han sido interpuestas contra esta operación. De ellas, 23 se han presentado en instancias locales y fueron ya remitidas a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), mientras que otras cinco fueron enviadas directamente a la Ciudad de México. La cifra, de acuerdo con el fiscal electoral de Nuevo León, Gustavo Solís, podría seguir aumentando, ya que cada día se reciben nuevos testimonios anónimos con pruebas como capturas de pantalla y audios que respaldan las acusaciones.
“Hasta este momento van 23, aclaro que hasta este momento, porque han seguido llegando”, explicó Solís, al subrayar que la investigación sigue abierta y hay especial atención en Nuevo León.
La FGR Toma el Caso
Este lunes se confirmó que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR). Según informó el Instituto Nacional Electoral (INE), se dio vista a la FISEL para investigar la posible coacción del voto mediante los llamados acordeones, tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México. Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral también dio aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que analice si esta actividad puede ser considerada propaganda electoral no reportada.
El objetivo de esta operación es claro: presionar a empleados estatales para que recluten al menos 10 personas cada uno, quienes deberán votar por los candidatos afines al gobernador, comprobándolo con fotografías del voto y códigos QR personalizados.
Instrucciones Desde el Gobierno de Samuel García
De acuerdo con investigaciones de EL NORTE, los acordeones son distribuidos desde oficinas del Gobierno de Samuel García. Estos documentos contienen los nombres de los candidatos que supuestamente deben ser favorecidos en las urnas, y la orden es clara: seguir las instrucciones o enfrentar consecuencias laborales.
El operativo fue confirmado por una periodista infiltrada en una sesión de capacitación para trabajadores del Estado, donde se repartieron estos acordeones preliminares. Esta evidencia se suma a los testimonios de empleados que, desde el 17 de mayo, han alertado sobre el uso de recursos públicos para manipular la elección.
Dependencias Involucradas
Las Secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente, así como Universidades Tecnológicas, Preparatorias Militarizadas, el Instituto de Control Vehicular y la Defensoría Pública, han sido señaladas como instrumentos clave en este esquema. La magnitud del involucramiento sugiere que el plan fue diseñado con estructura y objetivos definidos, apuntando a incidir directamente en la composición del Poder Judicial.
Ya van 28 denuncias contra Samuel y MC por forzar a empleados a reclutar votos con “acordeones” para imponer jueces a modo. 🛑 Amenazas de despido, audios filtrados y presiones desde el gobierno.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) May 28, 2025
👉 Lee más en Minuto Cero. pic.twitter.com/41GMorsvXc
Riesgos Legales y Fiscales
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE está evaluando si los acordeones deben considerarse como propaganda electoral, lo que abriría nuevas líneas de investigación por gastos no reportados, aportaciones prohibidas o realizadas por personas no identificadas. Si los costos asociados a la producción y distribución de estos materiales fueran pagados con recursos públicos o sin reportar, se configurarían varias infracciones graves en materia de fiscalización electoral.
El consejero electoral Jaime Rivera, miembro de la Comisión de Fiscalización del INE, calificó como “muy grave” la distribución masiva de acordeones, pues representa una inducción directa al voto, lo cual está prohibido por la ley. Añadió que, al contener varias candidaturas en una sola lista, estos materiales podrían considerarse propaganda en grupo, una práctica no permitida. Además, si fueron entregados durante el periodo de veda electoral, podrían implicar faltas administrativas adicionales.
Inducir el Voto, una Violación Directa
La consejera electoral Claudia Zavala, quien participó en la reunión del INE sobre el tema, advirtió que la inducción del voto es una de las prácticas más severamente sancionadas por la legislación electoral. Señaló que, si bien el ciudadano puede llevar una guía personal para orientarse, cuando un tercero entrega el documento con fines de instrucción, se incurre en una falta sancionable, y en este caso hay indicios de un patrón organizado y sistemático.
“El propio INE ya dio vista a la Fiscalía para que despliegue su competencia”, indicó Zavala. También se analiza si los acordeones deben sumarse como gasto de campaña a los candidatos que aparecen en ellos, lo cual podría representar un quebranto a las normas de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales.
Un Plan de Samuel García Para Controlar la Justicia
Varios analistas advierten que la “Operación Acordeón” no sólo busca favorecer ciertas candidaturas, sino también controlar el Poder Judicial mediante perfiles “a modo” que puedan garantizar protección política a Samuel García y su círculo más cercano. Cabe recordar que el gobernador enfrenta al menos 35 sentencias por violaciones en materia electoral, por lo que asegurar la simpatía de los nuevos jueces podría significar una barrera ante cualquier sanción futura.
Además, esta estrategia sugiere una alianza encubierta entre Movimiento Ciudadano y Morena, quienes, aunque aparentan enfrentamientos públicos, estarían colaborando en lo oscuro para repartirse espacios de poder en uno de los órganos más importantes del país.
¿Y las Consecuencias?
El caso está ahora en manos de la Fiscalía General de la República, pero también bajo el ojo del INE, cuyas instancias internas ya revisan la posible aplicación de medidas cautelares, es decir, frenar la actividad de distribución de acordeones. Sin embargo, la presión de la ciudadanía y medios de comunicación será clave para evitar que el caso quede en el olvido.
La ciudadanía exige claridad, legalidad y un alto a la coacción del voto. Este escándalo pone en tela de juicio no solo la ética del Gobierno de Nuevo León, sino también la integridad del proceso electoral federal. Las próximas horas y días serán fundamentales para determinar si las autoridades realmente actuarán o si, como en otros casos, todo quedará en declaraciones sin consecuencias.
