En un contexto cada vez más tenso rumbo a la elección de jueces en Nuevo León, han comenzado a surgir denuncias graves que involucran directamente al Gobernador Samuel García. De acuerdo con múltiples testimonios, el mandatario estaría utilizando instituciones educativas públicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina y la Preparatoria Militarizada, como base para una operación que busca robo de votos a favor de candidatos cercanos a su administración.
Las denuncias apuntan a un operativo coordinado desde la estructura gubernamental, donde docentes, personal administrativo y alumnos estarían siendo intimidados y amenazados con perder su empleo o beneficios laborales si no entregan credenciales de elector y apoyan activamente a los candidatos impulsados por Movimiento Ciudadano. En palabras de los afectados, esta operación es una forma encubierta de fraude electoral y robo de votos.
Exige Samuel García 10 INEs
Uno de los patrones que se ha repetido en los diferentes planteles es la exigencia de recolectar al menos 10 credenciales del INE por persona para robo de votos. Según testigos de la UT de Santa Catarina y del Conalep, esta exigencia proviene directamente de funcionarios de alto nivel, quienes además estarían utilizando mecanismos de control como llamadas, grupos de WhatsApp y asistencia obligatoria a eventos políticos, para vigilar y confirmar el cumplimiento de la orden y lo votos.
Un maestro del Conalep, que solicitó el anonimato, relató cómo José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General del Conalep, acudió personalmente a solicitar el “apoyo”. La instrucción fue clara: reunir 10 INEs para asegurar votos en las próximas elecciones judiciales del 1 de junio. Según los testimonios, este esquema se está aplicando en los 17 planteles del Conalep en el estado.
En muchos casos, la vulnerabilidad laboral de los docentes, quienes deben renovar su contrato cada semestre, se ha convertido en el punto de presión perfecto. La amenaza de no renovar contratos ha sido usada como mecanismo de intimidación, dejando a los trabajadores sin otra opción más que ceder ante las órdenes y votar por quienes les digan.
Robo de votos de Samuel García
En la UT de Santa Catarina, los docentes han señalado que este esquema se está promoviendo con el nombre de “proyecto cívico”, aunque el objetivo real es totalmente político y de robo de votos. Bajo ese disfraz, se han organizado conferencias con el Consejero Jurídico del gobernador, Ulises Carlín, quien, además de ser funcionario en activo, es aspirante a magistrado.
A las conferencias, los maestros fueron llevados con el pretexto de formación cívica, pero posteriormente se les exigió presentar una lista con 10 contactos “comprometidos” con el proyecto, es decir, dispuestos a votar por los perfiles que impulsa Samuel García. Una vez que entregan los contactos, son integrados en chats dirigidos por directivos escolares, donde se les da seguimiento constante.
“Todo eso nos empezó a parecer muy extraño… hasta que nos quedó claro que todo esto es por un fraude electoral”, mencionó uno de los docentes afectados.
Call centers en escuelas con dinero público
Otro de los hallazgos alarmantes es la instalación de call centers dentro de las propias escuelas, según denunciantes. Estos centros de operación electoral están financiados con recursos públicos, pero sirven para promover políticamente al grupo en el poder y robo de votos.
Según testimonios, estos call centers fueron montados con equipo de las instituciones y con personal que oficialmente está asignado a funciones educativas, pero que ahora cumple tareas electorales dentro de la Torre Administrativa del estado. El pago de sus sueldos no ha cambiado: siguen cobrando como si estuvieran trabajando en sus escuelas, mientras operan directamente para una estructura de fraude desde el Estado.
“Si no van, los despiden”, aseguran los testigos, quienes también señalaron que no se trata de una opción, sino de una obligación impuesta por los mandos directivos, alineados con el aparato político del gobernador.
UANL: presión con fines políticos
En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el operativo es más sutil, pero no menos preocupante. Testigos señalaron que directivos como Abraham Hernández, de Ciencias Políticas, y Óscar Vidal, de Medicina, han estado promoviendo reuniones y actividades de vinculación política entre profesores, personal académico y estudiantes.
Aunque en la UANL no se han registrado amenazas explícitas, se ha identificado un claro intento de involucrar políticamente a la comunidad universitaria, con fines electorales a favor de Samuel García. Las acciones tienen la misma finalidad: crear una red de respaldo político para los jueces afines al gobernador y robo de votos.
Este uso político de la universidad pública representa una falta grave de ética y legalidad, pues vulnera la autonomía universitaria y compromete el papel neutral que debe tener una institución educativa de carácter público.
La FEDE ya investiga más de 10 denuncias
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ya ha recibido más de 10 denuncias relacionadas con esta estructura de presión electoral promovida por el gobierno estatal de Samuel García. El pasado sábado se confirmó que las investigaciones están en curso y que ya hay elementos suficientes para iniciar procedimientos formales.
Entre las dependencias públicas implicadas, también se mencionan Simeprode y la Secretaría de Salud, donde se han detectado presiones similares. El patrón es el mismo: entrega de credenciales del INE, condicionamiento de horas laborales, y obligación de participar en actos políticos.
Isssteleón también se pinta de naranja
Otra institución donde se han observado señales claras de alineamiento político es el Isssteleón, donde derechohabientes y trabajadores reportan la imposición de uniformes color naranja, el mismo tono que identifica al partido Movimiento Ciudadano, al que pertenece Samuel García.
La orden, según trabajadores, fue emitida tras la llegada de José Carlos Hernández como nuevo director del Instituto. Esta acción ha sido interpretada como un intento burdo de posicionamiento partidista, usando para ello una institución pública que debería ser totalmente imparcial.
Robo de votos llega al magisterio de Guadalupe
Incluso en eventos aparentemente festivos, como el reciente festejo a maestros en el municipio de Guadalupe, los docentes señalaron inconformidades. Aseguraron que el evento, encabezado por el alcalde emecista Héctor García, fue una muestra más del uso político del magisterio, donde se intentó disfrazar de “agradecimiento” lo que en realidad fue un acto de promoción.
Los asistentes esperaban una celebración digna, con premios atractivos, pero el evento terminó siendo una decepción, sin rifa de autos ni viajes, como en administraciones anteriores, y con un ambiente marcado por el control político y la desilusión.
Samuel García: Una estrategia de miedo, no de democracia
Lo que se vive actualmente en Nuevo León, según los testimonios documentados, es una operación electoral estructurada desde el poder, donde se utiliza el miedo, la amenaza laboral y la manipulación de instituciones educativas para imponer resultados en una elección judicial que debería ser libre y ciudadana.
Samuel García, con el apoyo de su estructura política, estaría forzando a cientos de empleados públicos y académicos a participar en una elección bajo presión, en lugar de respetar la voluntad libre del electorado. Esta práctica representa una amenaza directa a la democracia, y pone en riesgo la integridad del sistema judicial de Nuevo León.
Si has sido presionado, denuncia
Si trabajas en alguna institución educativa como la UANL o dependencia del gobierno estatal y has sido víctima de amenazas, presiones o condicionamientos para apoyar y votar por candidatos promovidos por el gobierno de Samuel García, denuncia.
Puedes acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León o comunicarte con organizaciones civiles que defienden los derechos políticos y laborales.
Tu voto es libre. Tu empleo no debe depender de él.
