En los últimos días, el senador Waldo Fernández ha generado polémica al presentar una iniciativa que propone sanciones severas para quienes usan vehículos todoterreno, como los RZR, en rutas recreativas y áreas naturales protegidas de Nuevo León. Esta medida, enmarcada dentro de una reforma estatal más amplia, ha sido criticada tanto por aficionados al deporte como por expertos en medio ambiente, quienes consideran que la propuesta de prohibición es más un acto de control y recaudación que una verdadera política de protección ambiental.
Waldo Fernández Y La Prohibición De RZRs
La iniciativa del senador Waldo Fernández plantea imponer multas de hasta 22 mil pesos para quienes circulen con sus RZR dentro de las áreas protegidas del estado. Más allá de la sanción económica, el proyecto busca prohibir el paso de estos vehículos en zonas naturales consideradas valiosas por su biodiversidad y su función ecológica. Esta propuesta de prohibición ha encendido el debate público, pues muchos consideran que se trata de una medida extrema.
Sin embargo, muchos usuarios y ambientalistas han señalado que esta prohibición absoluta no es la solución adecuada. La regulación responsable y la concesión de rutas controladas podrían lograr un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el derecho de las personas a disfrutar de actividades recreativas al aire libre.
🚨El senador Waldo Fernández impulsó una iniciativa para limitar el uso de RZR y paseos en ruta, estableciendo multas de hasta 22 mil pesos. Mientras muchos piden regularizar, lo señalan por sancionar a quienes disfrutan de sus vehículos. pic.twitter.com/CM628RDNRK
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) June 23, 2025
Expertos Critican Iniciativa De Waldo De Prohibición De RZRS
Uno de los principales cuestionamientos hacia la propuesta de prohibición de RZRs impulsada por Waldo Fernández es que la propuesta no contempla mecanismos claros para la vigilancia ni la supervisión del cumplimiento de la ley. Sin controles efectivos, las multas podrían convertirse en un mero instrumento de recaudación, afectando a quienes practican legalmente su deporte sin causar daños.
Además, diversos expertos han señalado que el uso de vehículos todoterreno, cuando se realiza bajo condiciones reguladas, no representa un daño irreparable al ecosistema. Por ello, la insistencia en la prohibición total y las multas elevadas podría ser una medida desproporcionada.
Por otro lado, la comunidad de aficionados al RZR ha expresado su preocupación por la falta de diálogo y la ausencia de propuestas que fomenten una convivencia armónica entre usuarios y autoridades. Muchos aseguran que una regulación clara y justa sería más efectiva para proteger tanto el medio ambiente como el derecho a la recreación.
Sanción Económica Ante Propuesta De Prohibición
Las multas de hasta 22 mil pesos representan una carga económica significativa para muchos usuarios, quienes en su mayoría practican este deporte como una forma de esparcimiento y conexión con la naturaleza. La imposición de estas sanciones podría desincentivar la actividad, afectando además a sectores económicos vinculados, como turismo, ventas de equipo y servicios asociados.
Además, la reforma estatal que impulsa la prohibición estricta podría generar conflictos entre autoridades y ciudadanos, alimentando la percepción de un gobierno más interesado en controlar que en dialogar y buscar soluciones conjuntas.
La Necesidad De Una Regulación Equilibrada En Los RZR
En lugar de apostar por la prohibición y las multas excesivas, expertos y usuarios coinciden en que la clave está en establecer una regulación equilibrada, que permita el uso responsable de los vehículos todoterreno. Esto implica definir rutas específicas, horarios, normas claras de manejo y campañas de educación ambiental.
Una política pública de este tipo no solo protegería las áreas naturales, sino que también garantizaría que la actividad recreativa se realice de manera segura y sostenible, beneficiando a toda la comunidad.
¿Un Caso De Abuso De Poder De Waldo Fernández?
La propuesta de prohibición impulsada por Waldo Fernández ha sido interpretada por muchos como un ejemplo más de cómo algunos políticos utilizan la legislación para imponer controles estrictos sin considerar las necesidades reales de la ciudadanía. La falta de mecanismos claros de vigilancia y la imposición de multas elevadas sin alternativas visibles generan dudas sobre las verdaderas intenciones detrás del proyecto.
Ante este escenario, la sociedad debe estar atenta y exigir que las decisiones públicas se tomen con base en el diálogo, la participación y el respeto a los derechos de todos.