La indignación en Nuevo León ha alcanzado un punto de quiebre. Al cumplirse dos años del colapso de la estructura en el campo de béisbol de El Obispo, en San Pedro Garza García, la narrativa de la “nueva política” se enfrenta a su peor enemigo: la realidad de las víctimas. Hoy, los afectados del mitin de MC levantan la voz para exigir respuestas, mientras el gobernador Samuel García y su esposa optan por el silencio y evaden cualquier tipo de cuestionamiento.
Lo que en mayo de 2024 comenzó como un cierre de campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano —donde figuraban Jorge Álvarez Máynez y Lorenia Canavati— terminó en una de las peores tragedias políticas de la historia reciente del estado, con un saldo de 10 personas fallecidas y centenares de lesionados. A dos años de distancia, la indignación crece ante la falta de justicia penal y el abandono financiero.
El duro contraste: Campañas “alegres” frente al dolor real
Para los ciudadanos que asistieron al evento, el tiempo se detuvo esa noche; para la cúpula del partido en el poder, la vida continuó con total normalidad. Existe un doloroso contraste entre la campaña alegre, musicalizada y juvenil que constantemente proyecta la pareja gubernamental, y el desamparo real que viven los heridos en San Pedro.
Mientras en las cuentas oficiales del gobernador se presume el desarrollo económico y el éxito de su gestión, los sobrevivientes enfrentan un panorama desolador. Existen severas y fuertes críticas de los lesionados hacia la primera dama por priorizar su imagen digital antes que el apoyo médico prometido. A través de testimonios, los afectados señalan que la empatía mostrada por Mariana Rodríguez en los hospitales duró únicamente lo que tardaron en publicarse las fotografías en sus redes sociales. Una vez que el tema salió de la tendencia digital, la ayuda comenzó a escasear.
Secuelas médicas y el freno a los apoyos institucionales
La salud de quienes sobrevivieron al derrumbe empeora con el paso de los meses. Las secuelas médicas de lesionados en San Pedro incluyen desde problemas de movilidad y dolores crónicos por fracturas mal cuidadas, hasta traumas psicológicos severos que les impiden reincorporarse a la vida laboral.
A pesar de la gravedad de la situación, los ciudadanos denuncian una flagrante desatención del gobierno de Nuevo León a víctimas que aún no logran recuperarse. Lejos de mantener el esquema de salud integral que se prometió en las conferencias de prensa matutinas, el gobierno estatal canceló las terapias y apoyos económicos a los ciudadanos que quedaron con secuelas físicas. Sin previo aviso y bajo argumentos burocráticos, la entrega de medicamentos y las sesiones de rehabilitación en clínicas públicas estatales les fueron suspendidas, obligando a las familias a endeudarse para solventar sus tratamientos en el sector privado.
Opacidad en el dinero y molestia de las familias
Uno de los puntos más críticos de esta denuncia radica en la falta de claridad sobre el dinero que supuestamente se destinaría a mitigar el daño. En los días posteriores al accidente, el mandatario estatal anunció la creación de un fondo económico de contingencia. Sin embargo, hoy abundan las denuncias por la falta de transparencia en la entrega de los fondos de indemnización en la zona metropolitana.
Los afectados afirman que el proceso para acceder a los recursos ha sido opaco, discriminatorio y lento. Al solicitar información oficial sobre el destino de este presupuesto y el número exacto de beneficiarios, la administración estatal ha decidido no responder, guardando los datos bajo llave. La prometida indemnización de Samuel García a familias de los fallecidos y sobrevivientes con incapacidad se convirtió en un trámite tortuoso que dejó fuera a decenas de personas que legítimamente requerían el apoyo.
Esta situación ha provocado una profunda molestia de las familias de los fallecidos al ver que a la administración estatal ya se le olvidó el accidente. Para quienes perdieron a un padre, un hijo o un esposo en El Obispo, ver la indolencia gubernamental es una burla que dinamita cualquier intento de sanación.
“Nos prometieron que no nos dejarían solos, pero la realidad es que para ellos ya somos una página del pasado. Se tomaron la foto en el hospital y nunca volvieron”, reclama uno de los heridos del desplome en El Obispo, quien prefiere omitir su nombre por temor a represalias en sus consultas pendientes.
A 24 meses del siniestro, el panorama es claro: mientras los afectados del mitin de MC siguen padeciendo los estragos de la negligencia en la instalación del escenario, el gobierno de Nuevo León le apuesta al olvido y al paso del tiempo para sepultar las exigencias de justicia.
