Se otorgó contratos del Gobierno de NL por 110 millones a empresa sancionada por las autoridades de Estados Unidos. Las investigaciones federales señalan que la compañía canalizó dinero público a empresa sancionada para financiar proyectos políticos del crimen organizado. El señalamiento salpica directamente a la administración del gobernador Samuel García tras la asignación de licitaciones públicas en zonas fronterizas.
Investigación revela nexo de empresa sancionada por OFAC
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA). Las autoridades de Washington la identificaron como fachada de una red criminal. Dicha firma operaba en el sector de la construcción regional.
La agencia gubernamental señaló que la constructora canalizaba dinero hacia campañas políticas. El grupo delictivo utilizaba esta vía para respaldar a sus aspirantes preferidos. La compañía obtenía licitaciones mediante mecanismos irregulares.
Posteriormente, la empresa subcontrataba los trabajos con aliados del mismo grupo armado. Las acusaciones internacionales detonaron alertas sobre la fiscalización de asignaciones en la zona norte. Aunque ningún nombre de candidatos figuró en el expediente oficial si lo hicieron personas cercanas y con puestos de gobierno.
Más firmas que identifico el gobierno estadounidense:
- Construaceros del Fuerte
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios
- Distribuidora de Gas Económico
- Gas Energia Confiable
- Propane Trading Group
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo
Operaciones millonarias del Gobierno de NL en la frontera
Diversos rastreos de transparencia expusieron relaciones financieras recientes. Las autoridades estatales asignaron obras en la zona de Anáhuac a la empresa señalada. La cifra combinada superó los cien millones de pesos públicos.
Las entregas de recursos públicos iniciaron desde la presente administración estatal. La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza autorizó los pagos. Los convenios buscaban la modernización del cruce internacional Colombia.
La firma favorecida recibió adelantos presupuestales para proyectos de infraestructura. El paquete de obras incluyó áreas de paso, casetas y fachadas. La revisión pública encendió el debate sobre los filtros de contratación del narco bajo el Gobierno de NL actual.
Asignaciones de 110 millones a empresa sancionada en Anáhuac
Un proyecto inicial de 15 millones de pesos arrancó en 2022. La obra contempló terracerías y delimitación de lotes en el centro comercial. Ese fue el primer compromiso financiero entre las partes.
Para el siguiente año se autorizaron 25 millones adicionales. Ese dinero sirvió para renovar la imagen y entrada del parador. Meses más tarde llegó la asignación más grande del paquete.
Un acuerdo por 70 millones cubrió la edificación de casetas de cobro. En conjunto se destinaron 110 millones a empresa sancionada por lavado. Las firmas del administrador único constan en las plataformas oficiales del Gobierno de NL.
Desvío de dinero público a empresa sancionada causa alerta
Las denuncias internacionales destacan la llegada de dinero público a empresa sancionada. Esos fondos regresaban a estructuras vinculadas con grupos delictivos. La red operaba también mediante el asfaltado de vialidades locales.
Marco Antonio González Valdez, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del actual Gobierno de NL, firmó los expedientes en su calidad de director. A partir de esto su gestión queda en medio de las indagatorias de agencias extranjeras al igual que la posible involucración de Samuel García.
Los dueños de la compañía permanecen en la lista negra estadounidense. Ningún integrante de la dependencia estatal ha emitido un posicionamiento definitivo. El caso genera presión mediática sobre el manejo presupuestal en Nuevo León.
