La efervescencia de la justa mundialista en territorio regiomontano se trasladó a los tribunales. Diputados locales de los partidos de oposición formalizaron acusaciones criminales contra los altos mandos del ejecutivo estatal, luego de que salieran a la luz supuestas maniobras para promocionar los colores de su partido político utilizando la infraestructura del gobierno del estado. Con este recurso legal, denuncian a Samuel y Mariana bajo la sospecha de haber financiado un evento masivo partidista con dinero de los contribuyentes.
Denuncia penal contra Samuel García por acarreo fosfo
El recurso legal interpuesto por los legisladores locales Armida Serrato, Fernando Aguirre, Carlos de la Fuente y Claudia Caballero se concentra en la supuesta movilización de burócratas. Esta denuncia penal contra Samuel García por acarreo fosfo detalla que el pasado lunes se instrumentalizó la logística oficial, vehículos de seguridad y hasta la aeronave Black Hawk del estado para coordinar la marcha masiva denominada “Orange Fan Walk” en las inmediaciones del Parque Fundidora.
En dicha movilización se repartieron miles de camisetas de color naranja y se obligó o incitó a personal del estado a asistir en horario laboral para inflar el evento de apoyo. Los demandantes afirman que la estructura gubernamental se volcó por completo a realizar marketing político personalizado, violentando flagrantemente las normas de neutralidad y equidad a las que está sujeto cualquier servidor público en el país.
Acusan a Mariana Rodríguez de usar recursos públicos
Las acusaciones no se limitaron al mandatario estatal, ya que también acusan a Mariana Rodríguez de usar recursos públicos para beneficio de su imagen y la de su partido. El documento entregado detalla que la titular honorífica de la oficina AMAR a Nuevo León presuntamente se favoreció de la contratación de propaganda, espacios de comunicación social, logística de eventos y esquemas de seguridad pagados de forma directa por el erario de los ciudadanos.
Diversos sectores de la población externaron su molestia en redes sociales, argumentando que mientras el dinero estatal se gasta en regalar playeras naranjas y armar fiestas de promoción con pretexto del fútbol, las clínicas de la región padecen un severo desabasto de medicamentos. La denuncia busca esclarecer si existió un desfalco patrimonial planificado desde las cúpulas del poder para sostener este estilo de vida mediático.
Denuncia contra el Gobernador de Nuevo León en la Fiscalía Anticorrupción
La querella quedó asentada de manera formal como una denuncia contra el Gobernador de Nuevo León en la Fiscalía Anticorrupción, donde se solicita investigar minuciosamente una lista de al menos once conductas ilícitas graves. Entre los principales agravios legales imputados destacan el peculado, el abuso de autoridad, el ejercicio indebido del servicio público, el conflicto de interés y la coalición de funcionarios para fines ajenos a la ley.
Los diputados demandantes señalaron que la hipótesis principal del caso apunta a que se alteraron partidas presupuestarias y contratos de proveeduría para empujar fines políticos de cara a los próximos procesos. Estas presuntas anomalías configuran un catálogo amplio de delitos electorales de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, por lo que se exigió llegar hasta las últimas consecuencias sin que el cargo de los investigados sirva como un escudo de impunidad.
El documento de la denuncia
El documento entregado subraya que se usó papelería, horarios y resguardo oficial sin prejuzgar la resolución judicial final, pero aportando pruebas de la presencia activa de funcionarios de primer nivel en el evento. Ahora que denuncian a Samuel y Mariana ante los tribunales penales, la Fiscalía Anticorrupción deberá dictaminar si el festival del color naranja constituyó un desvío ilegal de las finanzas públicas regias.
La polémica estalló en el marco del encuentro futbolístico entre los combinados de Marruecos y Países Bajos. Según los promoventes de la demanda, la administración estatal organizó una movilización masiva y un despliegue de propaganda en favor de los denunciados que no guardaba relación con las funciones institucionales de sus puestos, provocando el descontento de la ciudadanía por el supuesto abandono de rubros esenciales como la salud.
