El discurso de renovación institucional con el que Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León quedó sepultado bajo el peso de un expediente judicial demoledor. La Auditoría Superior de la Federación presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de su administración, acusando la triangulación deliberada de más de 7 mil 200 millones de pesos provenientes del presupuesto estatal.
Lejos de tratarse de inconsistencias técnicas o errores administrativos, la autoridad fiscalizadora documentó un andamiaje premeditado para desviar recursos públicos hacia cuentas privadas y firmas ligadas directamente a Samuel García y a su padre, Samuel Orlando.
La revisión minuciosa a la Cuenta Pública expuso cómo el aparato gubernamental de Nuevo León operó bajo un esquema sistemático de simulación de contratos con compañías intermediarias. De acuerdo con el titular auditor, Aureliano Hernández, los fondos públicos salieron de las tesorerías estatales disfrazados como pagos a contratistas y proveedores para después encadenar transferencias escalonadas que tenían como destino terminal las cuentas bancarias del mandatario neoleonés y sus parientes consanguíneos.
El mapa financiero del desvío de Samuel García
El expediente entregado a los legisladores desmenuza cuatro arterias principales de dispersión por las cuales el gobierno de Samuel García alimentó el despacho jurídico que comparte con su progenitor. La ASF comprobó que, del volumen global investigado, al menos 928.13 millones de pesos concluyeron depositados de manera neta en el negocio particular del clan familiar.
El primer conducto, y el más escandaloso por sus dimensiones, implicó una asignación estatal de 5 mil 851 millones de pesos hacia una empresa constructora. Dicha corporación transfirió casi de inmediato 5 mil 154.6 millones a una segunda entidad mercantil, la cual se encargó de transferir 385.3 millones de pesos directo al bufete jurídico de los García.
La segunda vía operada bajo la gestión de Samuel García consistió en la entrega de 964 millones de pesos del erario a una comercializadora intermediaria. Esta última canalizó 237 millones a una compañía del ramo alimentario, entidad que finalmente envió 202.9 millones de pesos al mismo despacho del mandatario estatal, dispersando el remanente entre tres personas físicas.
Un tercer frente de triangulación involucró un desembolso oficial de 243 millones de pesos a una proveedora de servicios. Dicha firma giró 65.5 millones a una consultora externa, que tras retener una mínima comisión administrativa, traspasó 62.9 millones a las cuentas de la firma de abogados familiar. La cuarta ruta se completó con 154.2 millones pagados a otra proveedora que a su vez liquidó adeudos por 144.4 millones con un consorcio de suministros y equipamiento, concluyendo la ruta con un abono de 77.03 millones directo al despacho de Samuel García.
Este millonario flujo de dinero del erario hacia los negocios privados coincide, según los hallazgos presentados en el informe, con la adquisición patrimonial de un predio de lujo valuado en cerca de mil millones de pesos, exhibiendo un enriquecimiento que la justicia federal investiga formalmente.
El patrón de saqueo en Sinaloa
Los peritajes de la federación identificaron este idéntico modus operandi en Sinaloa bajo la administración de Rubén Rocha Moya. En dicha demarcación, dependencias oficiales adjudicaron obras directas a una constructora perteneciente a los hijos del exgobernador, la cual concentró transferencias atípicas muy superiores a los proyectos que ejecutó. Además, la constructora desvió recursos millonarios a los descendientes de Rocha Moya una vez que fingieron salir de la sociedad mercantil, usándolo para saldar presuntos préstamos con exfuncionarios de la secretaría de finanzas.
En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación evidenció con pruebas bancarias el entramado mediante el cual Samuel García saqueó miles de millones de pesos de Nuevo León a través de constructoras fachada y triangulaciones para transferir casi mil millones al despacho de su familia, detonando una denuncia penal ante la FGR por corrupción, desvío presupuestal y enriquecimiento ilícito.
¿Crees que la Fiscalía General de la República llegará hasta las últimas consecuencias contra Samuel García o este caso quedará en total impunidad?
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