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Confirman desvíos de Samuel García y su papá en Nuevo León por 1.7 Mil Millones de pesos

noviembre 18, 2026
en Política
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De acuerdo con los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) y los reportes previos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda enfrenta una serie de señalamientos técnicos y denuncias formales tras la revisión de la Cuenta Pública 2025. Durante una comparecencia ante el Congreso local, el auditor Alejandro Reynoso Gil expuso la existencia de cerca de 8,000 observaciones no solventadas, las cuales ascienden a un monto global de 61,000 millones de pesos en recursos públicos sujetos a aclaración.

  • La arquitectura financiera y el impacto en el sector empresarial
  • El gasto asistencial en el DIF y las adquisiciones de alimentos
  • El suministro de medicamentos oncológicos en Isssteleón y la UANL
  • El contexto político rumbo a 2027 y el proceso legal

El núcleo de la investigación fiscalizada por las autoridades estatales y federales gira en torno a un presunto esquema de triangulación financiera. Según los documentos presentados por la Unidad de Investigación de la ASENL, se rastrearon 786 transferencias bancarias que suman 1,696.6 millones de pesos, las cuales habrían tenido como destino final una firma jurídico-fiscal vinculada a Samuel García Mascorro, padre del mandatario estatal, y en la que el propio gobernador figura como socio. Estas revelaciones han detonado un intenso debate político en la entidad, dividiendo opiniones entre distintos sectores sociales y actores partidistas de cara al proceso electoral de 2027.

La arquitectura financiera y el impacto en el sector empresarial

Para los sectores económicos y empresariales de Nuevo León, el foco de atención radica en la mecánica de contratación pública y el flujo de capitales desde la Tesorería del Estado. De acuerdo con el desglose técnico expuesto por el auditor estatal, más de 968 millones de pesos provinieron directamente de empresas contratistas que actualmente mantienen contratos vigentes y carpetas de investigación abiertas con la administración estatal.

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El resto de los recursos rastreados habría seguido cuatro rutas distintas, todas originadas en las arcas estatales a través de intermediarios: una firma constructora, una comercializadora, una empresa de servicios y un proveedor de equipamiento. El informe de la ASENL detalla el comportamiento financiero de una de estas constructoras, la cual recibió 5,851 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado. Posteriormente, dicha compañía transfirió 5,154.6 millones de pesos a una empresa subsidiaria, desde donde se dispersaron 385.3 millones de pesos hacia el despacho jurídico-fiscal mencionado.

Asimismo, los auditores documentaron operaciones de alta velocidad financiera, como el depósito de 261.4 millones de pesos realizado por un proveedor al despacho familiar, seguido al día siguiente por una transferencia de 262 millones de pesos hacia una firma inmobiliaria. Este patrón guarda similitud con las denuncias presentadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 16 de octubre. En aquella ocasión, el auditor federal Aureliano Hernández señaló en la Cámara de Diputados un esquema de simulaciones por más de 7,200 millones de pesos, estimando que por cada 100 pesos erogados en los contratos investigados, 17 pesos con 60 centavos terminaban en sociedades vinculadas a familiares de un alto funcionario estatal, incluyendo operaciones inmobiliarias en el municipio de Linares por cerca de 1,000 millones de pesos.

El gasto asistencial en el DIF y las adquisiciones de alimentos

Otro frente de los señalamientos presentados por la ASENL involucra directamente la gestión asistencial y las compras realizadas por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo León, organismo donde participa políticamente Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador. Según los datos de la fiscalización, el DIF estatal erogó 1,953 millones de pesos en favor de una empresa proveedora de servicios de alimentos.

Investigación de EL NORTE

La revisión contable estableció que dicha proveedora dispersó los fondos entre cinco empresas filiales pertenecientes al mismo grupo corporativo y, en un lapso de ocho días, se realizaron transferencias por 23.3 millones de pesos hacia el despacho jurídico-fiscal ligado a la familia del gobernador. Más allá del movimiento bancario, los auditores subrayaron discrepancias significativas entre los precios pagados por la dependencia estatal y los valores de referencia en el mercado mayorista.

Entre los ejemplos documentados en el informe oficial destacan compras de productos básicos a costos considerablemente superiores al promedio comercial: el kilogramo de chayote fue facturado en 300 pesos frente a un precio de referencia de 18 pesos al mayoreo; el aguacate se cotizó en 250 pesos por kilogramo; el tomate en 200 pesos; y la cebolla en 180 pesos. Adicionalmente, la auditoría reportó que a través de la nómina del DIF se efectuaron pagos por 3.15 millones de pesos a cuatro personas que colaboraban simultáneamente en el despacho jurídico-fiscal y en una empresa de cosméticos propiedad de Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de la titular de la oficina Amar a Nuevo León. Para diversos analistas, este tipo de hallazgos incide directamente en la percepción ciudadana de las zonas populares, donde los programas de asistencia alimentaria tienen mayor presencia.

El suministro de medicamentos oncológicos en Isssteleón y la UANL

El tercer eje de la investigación abarca el sector salud y educativo, tocando una fibra sensible para la población en general sin distinción socioeconómica: la adquisición de tratamientos contra el cáncer. La Unidad de Investigación de la ASENL reportó presuntas triangulaciones que involucran al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón) y a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

De acuerdo con el expediente, ambas instituciones depositaron en conjunto 420.6 millones de pesos a una empresa distribuidora de fármacos bajo conceptos de compra de medicamentos oncológicos con presunto sobreprecio. Posteriormente, una razón social que comparte el mismo domicilio fiscal que la distribuidora transfirió 74.1 millones de pesos tanto al despacho jurídico-fiscal como a firmas relacionadas con el medio hermano del gobernador, Samuel Orlando García Villarreal, quien se desempeña como abogado fiscalista y socio en diversas sociedades familiares. Los auditores enfatizaron la necesidad de verificar no solo el flujo financiero, sino el cumplimiento material de los contratos para determinar si los pacientes recibieron los insumos médicos en tiempo y forma.

El contexto político rumbo a 2027 y el proceso legal

La difusión de estos resultados ocurre en un escenario de alta tensión política en Nuevo León, marcado por la proximidad de las elecciones a la gubernatura en 2027. Actores políticos de oposición, particularmente representantes de Morena, han utilizado los informes de ambas auditorías para exigir responsabilidades penales.

Por su parte, las autoridades fiscalizadoras han turnado los expedientes tanto a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como a la FGR, instancias encargadas de determinar si las observaciones administrativas constituyen delitos penales o si las partes señaladas logran solventar documentalmente el destino de los recursos dentro de los plazos que marca la ley.

En suma, las auditorías estatal y federal han puesto bajo la lupa miles de millones de pesos ejercidos en Nuevo León, señalando presuntas redes de subcontratación, sobrecostos en insumos básicos y médicos, y transferencias hacia despachos vinculados al entorno familiar del gobernador Samuel García, dejando en manos de las fiscalías el deslinde definitivo de responsabilidades legales. ¿Consideras que los mecanismos actuales de fiscalización en México son suficientes para garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público?

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Etiquetas: ASENLASFCorrupción NLMovimiento CiudadanoNuevo LeónPolítica RegiaSamuel García

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