Para el ciudadano común de Nuevo León, la vida cotidiana se ha convertido en una carrera de obstáculos interminable: obras públicas paralizadas que estrangulan el tráfico por meses, un sistema de salud estatal que carece de lo más elemental y una crisis de servicios que parece no tener fin. Sin embargo, para el círculo más íntimo del Palacio de Gobierno, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras usted pasa horas varado en el tráfico o esperando atención médica, los recursos públicos fluyen con total libertad hacia las cuentas de los seres queridos de la pareja gubernamental. El caso de Jorge Rodríguez Cantú es la prueba irrefutable de que para esta administración, la prioridad no es el bienestar social, sino asegurar que el dinero de los neoleoneses se quede en familia.
La indignación ciudadana ha alcanzado un punto de no retorno tras revelarse que el gobernador Samuel García Sepúlveda ha beneficiado directamente al hermano de su esposa con contratos millonarios. Más de 147 millones de pesos de presupuesto estatal han sido desviados hacia las empresas vinculadas a Jorge Rodríguez Cantú, un festín de adjudicaciones en el sector salud que contrasta de manera dolorosa con la precariedad y el olvido en el que se encuentran los hospitales y las principales vialidades de la entidad.
Mientras alcaldes reclaman falta de recursos, el hermano de Mariana, Jorge Rodríguez, es señalado por recibir más de 147 millones de parte del estado. 🚫
El bienestar de la familia es la única prioridad de Samuel mientras el NL sigue con obras públicas inconclusas y baches. 📉 pic.twitter.com/2OZfzPk2Sb
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) May 15, 2026
El negocio de 147 millones en manos de Jorge Rodríguez Cantú
La danza de los millones en favor del cuñado del gobernador no es un hecho aislado, sino una estrategia de enriquecimiento sistemático que comenzó casi a la par del sexenio naranja. Desde el año 2021, la administración de Samuel García ha entregado al menos cinco importantes licitaciones a un entramado de empresas relacionadas directamente con Jorge Rodríguez Cantú, entre las que destacan el Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe.
Sin embargo, la joya de la corona en este esquema de favoritismo familiar es la empresa Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. A través de esta firma, Jorge Rodríguez Cantú se ha convertido en uno de los proveedores más acaudalados del gobierno estatal, concentrando contratos millonarios bajo la complacencia absoluta de la Secretaría de Salud y el propio mandatario:
- En 2022: Mediante la licitación LP 919044992-162-2022, el estado le otorgó a la empresa del cuñado la cantidad de 70 millones 897 mil 51 pesos bajo el ambiguo concepto de materiales de curación “no especificados”.
- En 2023: Se sumó otro jugoso contrato por 8 millones 705 mil 598 pesos, etiquetado supuestamente para el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad.
- En 2024: Lejos de moderar el desvío, la cifra escaló de forma grosera con una nueva licitación de 68 millones 214 mil 417 pesos.
- En 2025: Para rematar la asignación de recursos, la administración estatal le concedió otro contrato por 128 mil 788 pesos.
Al sumar estas cantidades, el resultado es demoledor: más de 147 millones de pesos extraídos directamente de los impuestos ciudadanos para engrosar el patrimonio de Jorge Rodríguez Cantú. Lo más cínico del asunto es que esta misma empresa opera bajo un esquema similar en el estado de Jalisco, la otra entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, demostrando que el uso de las instituciones de salud como negocios familiares es una práctica recurrente en la política naranja.
Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando
La enorme derrama económica que ha beneficiado a Jorge Rodríguez Cantú pone en evidencia el verdadero orden de prioridades de Samuel García. Para el gobernador, la salud de la población y la infraestructura del estado son temas secundarios que pueden resolverse con promesas falsas o discursos improvisados en redes sociales; lo urgente, al parecer, era consolidar la fortuna de su cuñado.
Mientras los más de 147 millones de pesos eran transferidos con puntualidad milimétrica a las cuentas de Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V., los ciudadanos de Nuevo León nos enfrentamos a una realidad asfixiante:
- Obras inconclusas eternas: Las principales avenidas de Monterrey y la zona metropolitana se encuentran destrozadas por proyectos viales mal planeados que nunca terminan. Las promesas de modernidad en infraestructura se han quedado en meras maquetas virtuales, mientras el colapso vial cuesta millones de horas-hombre y afecta la calidad de vida de las familias trabajadoras.
- Acceso a la salud de simulación: Acudir a una clínica del estado es una experiencia de desamparo absoluto. La falta de medicamentos básicos obliga a los pacientes a costear sus propios tratamientos. El Hospital Materno Infantil, receptor de los supuestos “insumos” contratados, enfrenta graves denuncias por saturación, carencia de material quirúrgico elemental y condiciones deplorables de infraestructura que ponen en riesgo la vida de mujeres y recién nacidos.
- Prepotencia y opacidad institucional: Las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos por la falta de insumos médicos demuestran que el colapso del sistema sanitario no es una percepción ciudadana, sino una crisis real y documentada que la administración estatal ha decidido ignorar.
Resulta moralmente inaceptable que un gobierno que prometió desterrar las viejas prácticas de la corrupción hoy entregue fortunas multimillonarias a la familia de la primera dama, mientras las madres de familia hacen filas desde la madrugada en los hospitales esperando una consulta que muchas veces les es negada por falta de personal y material.
La investigación de la FGR contra Samuel García
El multimillonario beneficio otorgado a Jorge Rodríguez Cantú adquiere un matiz aún más oscuro cuando se analiza el contexto de las investigaciones federales que pesan sobre la cabeza de Samuel García. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación que señala al gobernador regiomontano como el presunto líder de una red de triangulación de recursos y desvío de fondos que supera los mil millones de pesos del erario público.
El esquema detectado por las autoridades federales apunta a que el dinero estatal es inyectado en empresas aliadas, subcontratistas y firmas vinculadas a familiares —como el caso de las empresas de Jorge Rodríguez Cantú— para luego ser canalizado, mediante transacciones simuladas, hacia el despacho privado Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., propiedad exclusiva de Samuel García y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Jorge Rodríguez Cantú y Mariana deben rendir cuentas
Este presunto “carrusel” financiero explicaría el empeño de la administración estatal por entregar contratos sin licitaciones transparentes y con conceptos tan vagos como “materiales de curación no especificados”. La salud pública de Nuevo León no es vista por el gobierno naranja como un derecho constitucional que se debe garantizar, sino como una lucrativa pantalla comercial diseñada para desviar recursos públicos hacia los bolsillos familiares.
El “Nuevo Nuevo León” ha resultado ser la versión más cínica del nepotismo y el saqueo institucional. Samuel García y su esposa pueden seguir gastando millones en publicidad para proyectar una imagen de juventud, pulcritud y éxito; sin embargo, las cifras no mienten. Los más de 147 millones de pesos entregados a Jorge Rodríguez Cantú son el testimonio escrito de un gobierno que le dio la espalda a sus ciudadanos para enriquecer a sus parientes. Mientras Nuevo León siga esperando que terminen las obras y que haya medicinas en los hospitales, la familia del gobernador seguirá disfrutando de una riqueza construida sobre el abandono de todo un estado.
