La carrera por la presidencia de la República en el 2030 ya comenzó para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez. Lo escandaloso del asunto no es solo la evidente anticipación electoral, sino la astronómica cantidad de dinero que se está inyectando a las plataformas digitales para posicionar sus imágenes a nivel nacional. Sin que los periodos de campaña hayan iniciado formalmente, la pareja ya acumula un gasto superior a los 100 millones de pesos destinados exclusivamente a pauta publicitaria en redes sociales, una cifra que levanta profundas sospechas por el origen de los recursos y las triangulaciones financieras que involucran a proveedores del propio gobierno estatal.
El desglose de los millones: Google, YouTube y Meta
El despliegue publicitario del mandatario emecista no es austero ni discreto; se trata de una maquinaria de posicionamiento masivo que se financia de manera externa a los canales oficiales del Estado, pero con un cordón umbilical firmemente ligado a la bonanza de su firma privada. De acuerdo con registros de facturación recientes, el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados—propiedad del gobernador y de su padre—ha pagado la estratosférica cantidad de 82 millones de pesos a la empresa Nauka Comunicación Estratégica.
Este millonario monto fue desembolsado principalmente en un periodo que abarca de octubre de 2024 a febrero de 2026, con el objetivo específico de manejar la pauta digital en la plataforma de Google, la cual incluye la difusión de videos en YouTube. Los pagos realizados por el despacho particular del gobernador se efectuaron a través de al menos 13 transferencias, con montos individuales que oscilaron entre 1 millón y 12 millones de pesos. Una de las facturas más recientes, fechada apenas el 24 de febrero de 2026, muestra un cargo de 11.8 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios de manejo de pauta digital”. Al revisar el destino de esos anuncios, ninguno promociona al bufete de abogados; todos están orientados a ensalzar la figura del gobernador, de su esposa y de otros perfiles de Movimiento Ciudadano.
A estos 82 millones de pesos se deben sumar otros 19 millones de pesos que el mandatario y Mariana Rodríguez destinaron en un periodo de solo tres meses para promoverse en las plataformas de Meta, que abarcan Facebook e Instagram. En total, la suma supera con creces los 101 millones de pesos invertidos en convencer al electorado de todo el país de un proyecto político personal con miras al próximo sexenio federal.
La conexión Nauka: Negocio redondo con el erario
La relación entre la empresa Nauka Comunicación Estratégica y el entorno de Samuel García no se limita al ámbito privado. La compañía, constituida en Jalisco en 2016, opera bajo un esquema de doble vía que genera serios cuestionamientos éticos y financieros. Mientras recibe decenas de millones de pesos del despacho del gobernador para su promoción personal, la misma empresa maneja de forma paralela la publicidad digital del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Por este concepto gubernamental, Nauka ha facturado al erario estatal la cantidad de 123 millones de pesos desde el año 2024. Este cruce de contratos convierte a la agencia en el principal proveedor de la firma jurídica del gobernador y en uno de los actores más beneficiados por la administración pública estatal, configurando un circuito donde el dinero público y los intereses políticos particulares se vuelven difíciles de diferenciar.
El origen de la bonanza: Triangulaciones y proveedores consentidos
Para entender cómo un despacho de abogados particular puede absorber un gasto publicitario de 82 millones de pesos solo para promover la imagen de su socio fundador, es necesario revisar la evolución financiera de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Fundada en 2014, los ingresos y la prosperidad de esta empresa familiar se dispararon de manera exponencial a partir de 2021, coincidiendo exactamente con la llegada de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León.
Las investigaciones apuntan a un esquema de triangulación de recursos provenientes de grandes contratistas del estado. Uno de los casos más notorios es el de Suministro MYR, una empresa proveedora del gobierno que recibió contratos oficiales por al menos 964 millones de pesos. Posteriormente, a través de una filial llamada Jace, esta misma compañía transfirió 202 millones de pesos al despacho particular del gobernador. La justificación de García se limitó a señalar que se trataba del pago de honorarios profesionales rezagados desde 2017, sin presentar contratos que respaldaran la afirmación ni aclarar por qué el pago se efectuó cuatro años después, justo cuando asumió el poder ejecutivo.
Un esquema idéntico se repitió con Proyectos de Infraestructura de la Laguna (Pilsa), una de las principales contratistas de la obra carretera del estado. Tras recibir 380 millones de pesos del erario, Pilsa desvió, mediante una empresa hermana, 40 millones de pesos hacia la cuenta de la firma del mandatario. A esto se añade un tercer caso ligado a Comercializadora Don Cacahuato, encargada de proveer desayunos escolares y despensas para el DIF estatal, que también redirigió fondos al entorno privado del gobernador.
A pesar de que en julio de 2025 la Fiscalía General del Estado dictó el inejercicio de la acción penal sobre estas denuncias, la maquinaria financiera no se detuvo. Los datos de facturación demuestran que el Gobierno de Nuevo León continuó pagando a Suministro MYR de forma opaca, omitiendo la información en sus portales de transparencia. En lo que va del sexenio, MYR ya acumula facturas por cerca de 1,400 millones de pesos con el estado, a los que se suman otros 700 millones de pesos cobrados a través de Cabag Comercializadora, otra empresa del mismo grupo.
Un estado en el olvido por la imagen de Samuel y Mariana
Mientras el estado de Nuevo León enfrenta severos retos en infraestructura, transporte y seguridad, los excedentes de los proveedores gubernamentales terminan alimentando las cuentas de un despacho que gasta por adelantado más de 100 millones de pesos en campañas de posicionamiento en Google y Meta. La estrategia es clara: usar la plataforma de Nuevo León como un trampolín financiero y político para el 2030, construyendo una candidatura presidencial financiada indirectamente por las empresas que viven del presupuesto de los ciudadanos neoloneses.
